Canarias reclama al Estado que elimine las trabas que impiden a las personas con ELA acceder a las ayudas

GOBIERNO DE CANARIAS/

F.A. LAS NOTICIAS - Miércoles/22/julio/2026

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió ayer (martes 21) que Canarias está aplicando con la máxima rapidez la Ley ELA y la normativa estatal que la desarrolla, pero reclamó al Gobierno de España una revisión urgente del procedimiento que regula el acceso a las prestaciones, al considerar que genera una barrera económica que muchas familias no pueden asumir.

Durante su intervención parlamentaria, Delgado explicó que el Ejecutivo autonómico ha dado prioridad absoluta a los expedientes relacionados con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), incorporando el nuevo grado III+ al sistema canario mediante el Decreto-ley 2/2026, agilizando la tramitación administrativa y estableciendo un circuito hospitalario específico para acelerar la acreditación clínica de los pacientes. Sin embargo, advirtió de que el principal problema no reside actualmente en la gestión de la Comunidad Autónoma, sino en las condiciones impuestas por la normativa estatal para hacer efectiva la prestación.

La regulación vigente establece que, incluso cuando una persona con ELA cumple todos los requisitos médicos y obtiene el reconocimiento del grado III+, la ayuda económica no puede abonarse hasta que la familia haya contratado previamente un asistente personal o un servicio de ayuda a domicilio. Esta exigencia sitúa a muchas personas en una situación especialmente difícil, ya que deben adelantar el coste de unos cuidados altamente especializados para poder acceder posteriormente a la financiación pública destinada precisamente a sufragarlos.

«La normativa coloca a las familias ante una auténtica paradoja», explicó la consejera de Bienestar Social, “porque se les exige disponer primero de unos recursos económicos de los que, en muchos casos, carecen para poder activar una prestación concebida para garantizar esos mismos cuidados». Además, recordó que las comunidades autónomas no pudieron hacer aportaciones a la ley, ya que el Gobierno publicó la ley en el Boletín Oficial del Estado sin contar con ellas.

A esta dificultad se suma que la Administración General del Estado únicamente transfiere a las comunidades autónomas la financiación correspondiente cuando el Programa Individual de Atención ya es efectivo y el servicio se encuentra contratado, lo que retrasa la llegada de los recursos incluso en expedientes ya reconocidos.