Canarias multará a las personas que, por imprudencia o negligencia, obliguen el rescate

GOBIERNO DE CANARIAS/

F.A.LAS NOTICIAS-Sábado/14/nov/2026

La medida que acaba de entrar en vigor en el archipiélago: Canarias ya aplica multas de entre 100 y 600.000 euros a las personas que, por imprudencia o negligencia, obliguen a movilizar a los servicios de rescate y emergencias.

El nuevo régimen sancionador, impulsado por el Gobierno de Canarias a través de un decreto ley publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) que reforma la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, afecta por igual a residentes y turistas en todo el territorio (costa, montaña, barrancos y senderos).

Claves del nuevo régimen sancionador

Multa independiente de la factura del rescate: Las cuantías sancionadoras no sustituyen al coste económico del operativo (como las horas de vuelo del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento), sino que constituyen una multa administrativa adicional por la conducta negligente.

• Tramos de sanción según la gravedad: 

  • Infracciones leves: Desde 100 euros (prescriben a los 6 meses).

    
    

  • Infracciones graves: Tramo intermedio (prescriben al año).

  • Infracciones muy graves: Hasta 600.000 euros, reservadas para conductas que generen un peligro extremo o daños graves para los equipos de emergencia y terceros (prescriben a los 3 años).

    
    

• Conductas castigadas: Se sancionará el acceso a zonas cerradas o prohibidas, ignorar alertas meteorológicas declaradas, realizar actividades de riesgo sin el equipamiento mínimo razonable, desobedecer órdenes de la autoridad durante una emergencia y efectuar llamadas falsas al teléfono 112.

  
  

• Pronto pago y destino de los fondos: El pago voluntario antes de la resolución conlleva una reducción del 50% en las infracciones leves y graves (sin descuento en las muy graves). Todo el dinero recaudado por estas sanciones se destinará íntegramente a equipar y mejorar los servicios de protección civil y emergencias de Canarias.

Con esta reforma, Canarias busca frenar el repunte de rescates evitables —especialmente en entornos volcánicos, senderos de alta dificultad como el Teide o zonas de fuerte oleaje— que ponen en riesgo la vida de los rescatadores y detraen recursos públicos esenciales. La asistencia en caso de accidente fortuito sigue siendo gratuita, pero la temeridad pasa a tener un alto coste legal.