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La clave de has 600.00 euros de multa a una familia por instalar un contenedor habitable en Granadilla de Abona

  • 30 ene
  • 2 Min. de lectura

SUR-GRANADILLA DE ABONA/

F.A.LAS NOTICIAS-Viernes/30/ene/2026


Este caso, ante la imposibilidad de encontrar alquiler, una familia se enfrenta a una multa de hasta 600.000 euros por una denuncia de una vecina a la policía en el municipio de Granadilla de Abona, en un suelo urbanizable no ordenado. Que ha generado un encendido debate en todo el sur de la isla.


La sanción no es un error ni una exageración arbitraria; es la aplicación estricta de la Ley de Suelo de Canarias.


La cifra exacta suele ser de 600.010,12 euros. Es la sanción mínima prevista para infracciones calificadas como "muy graves" en suelo rústico protegido. No es solo por "vivir" en el contenedor, sino por la instalación de una estructura fija (o de difícil movilidad) con uso residencial en Suelo Rústico de Protección Agraria o Paisajística sin contar con ningún tipo de licencia. La autoridad: Aunque el Ayuntamiento de Granadilla realiza las inspecciones, la multa suele ser propuesta por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).


¿Por qué un contenedor se multa como un edificio?


Muchos ciudadanos cometen el error de pensar que, al ser un contenedor o una casa de madera "móvil", no necesitan permiso. La ley en 2026 es clara: Si el contenedor tiene conexión a agua, luz o alcantarillado (o fosa séptica), se considera una edificación a efectos legales. Si la estructura no se mueve a diario y se utiliza como vivienda, la administración la trata como una construcción ilegal en suelo no urbanizable.


Los afectados muchos alegan que recurren a contenedores ante la imposibilidad de pagar los alquileres en el sur de Tenerife, que en este inicio de 2026 siguen en máximos históricos.


El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, bajo la gestión actual, ha intensificado la vigilancia para evitar el "chabolismo de lujo" y la proliferación de asentamientos ilegales que degradan el paisaje agrícola y suponen un riesgo sanitario al no tener tratamiento de residuos legal. Además de la multa, la resolución suele incluir la obligación de demoler o retirar la instalación y devolver el terreno a su estado original. El pago de la multa no legaliza el contenedor.


 
 
 

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